El Consejo Coordinador Empresarial de Tijuana (CCE) aseveró que la reducción de la jornada laboral a 40 horas no puede aplicarse sin antes garantizar un entorno económico estable y seguro para las empresas formales en la región y en el resto del país.
Roberto Lyle Fritch, presidente del organismo, sostuvo que actualmente las condiciones económicas del país no son favorables para absorber los costos que implicaría disminuir la jornada semanal sin perjudicar a los empleadores. En esa línea, expuso que más de la mitad de las empresas en México operan en la informalidad, situación que podría agravarse si se imponen nuevas cargas sin medidas compensatorias adecuadas desde el gobierno. Enfatizó que las micro, pequeñas y medianas empresas, que generan casi la mitad del empleo nacional, serían las más afectadas por una reducción que obligaría a pagar más por menos horas trabajadas.
Bajo esa tesitura, apuntó que muchas de estas mipymes no podrían costear la contratación de personal adicional para cubrir la misma operación, por lo que incurrirían en pagos extras y mayores impuestos.
El presidente del CCE Tijuana resaltó que la reforma, en lugar de apoyar a los trabajadores, podría provocar mayor desempleo y un aumento en el número de empresas que abandonen la formalidad ante las crecientes cargas fiscales, advirtió.
Por ello propuso que, antes de implementar la reducción de jornada, se debe revisar la deducibilidad de prestaciones como bonos y vales, actualmente penalizadas fiscalmente, lo que desalienta el apoyo directo al trabajador.
En este contexto, el presidente del CCE subrayó que la iniciativa privada no se opone al bienestar laboral, pero insisten en que la medida solo debe aplicarse cuando existan bases sólidas para no poner en riesgo empleos ni a las empresas.