La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) se opone a la interpretación adoptada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el litigio sobre el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en operaciones realizadas bajo el esquema del Programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
Roberto Vega, presidente de Coparmex Tijuana, señaló que esta determinación, actualmente en análisis por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que resolverá una contradicción de tesis, pone en peligro la estabilidad de un sector clave para el desarrollo económico del país.
Expresó que la figura del pedimento V5 ha permitido optimizar el proceso de exportación, evitando traslados innecesarios de mercancías y reduciendo la saturación en la infraestructura aduanera y carretera.
Este mecanismo, añadió, vigente desde hace más de dos décadas, ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones fiscales sin generar distorsiones en la recaudación tributaria.
Refirió que esta modificación implica, según estimaciones del SAT, un cobro por 44 mil millones de pesos, afectando la atracción de inversión extranjera en un momento crucial para el desarrollo económico del país; ya que según cálculos del SAT, no se trata de una reforma legal, sino de una interpretación administrativa que deja en indefensión a empresas que han operado conforme a la normatividad vigente.
“Resulta inaceptable que se pretenda gravar dos veces una misma operación. La Regla de Comercio Exterior establece una ficción legal que considera exportadas virtualmente las mercancías y, por ende, su venta se efectúa en el extranjero. No puede sostenerse que la misma mercancía se ubique simultáneamente fuera de México para efectos de importación y dentro del país para efectos de enajenación. Esta contradicción vulnera el principio de neutralidad y proporcionalidad tributaria, generando una carga fiscal indebida.
Esperamos que la SCJN emita una resolución que garantice seguridad jurídica y evite un cobro que distorsiona el marco normativo. El Estado debe cumplir con la legislación vigente y no alterar las reglas de operación con criterios discrecionales. Las empresas IMMEX han cumplido con sus obligaciones fiscales de manera puntual y confían en la estabilidad de las normas establecidas. México necesita una política fiscal equitativa que impulse el crecimiento económico y fortalezca la competitividad del sector manufacturero. La recaudación debe realizarse con base en reglas claras y predecibles, sin afectar la viabilidad de industrias que generan empleo e inversión”, manifestó.